Así lo ha explicado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que en rueda de prensa ha dado cuenta de la instrucción aprobada por el Consejo de Gobierno de este martes sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del sector público regional, algo ha dicho que se aprueba por vez primera y sitúa a la castellano-manchega "a la vanguardia de las administraciones publicas en régimen de contratación".
Ruiz Molina ha advertido de que el incumplimiento de claúsulas en ejecución de contrato puede desembocar en la resolución de los contratos que la Administración regional haya adjudicado o en la imposición de sanciones económicas, añadiendo que el Gobierno regional revisará cada tres meses que las referidas empresas cumplen con las instrucciones aprobadas este martes, que entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De igual modo, y tras precisar que estas claúsulas no tienen carácter retroactivo y se aplicarán en los nuevos contratos que firme la Administración regional, ha señalado que en esas contrataciones las empresas adjudicatarias tendrán que beneficiar a colectivos prioritarios, como a mujeres, jóvenes, parados de larga duración, personas con discapacidad o migrantes, entre otros.
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